Alcaldes de Guatemala: sus empresas, su historial judicial y sus vínculos

Por Daniel Villatoro y Suchit Chávez
Plaza Pública

18/05/2018

El país está dividido en 340 municipios, cada uno manejado por un alcalde. En Laberinto del Poder presentamos una serie de datos sobre los alcaldes, que nos ayudan a conocer su trayectoria y fiscalizar sus intereses.

La lógica del poder ejecutivo no se replica en el poder local: mientras un nuevo presidente debe salir de cada elección, un alcalde puede perpetuarse en el poder. En 17 años, Guatemala ha tenido seis presidentes. En ese mismo tiempo, tres municipios no han visto variar a su máximo referente institucional.

Hay alcaldes que llegan con el deseo oculto de aumentar sus negocios, favorecer a empresas propias o las de familiares y socios, aceptar sobornos o pagos de favores que pueden ser bienes, terrenos o contratos. El informe “Financiamiento de la Política en Guatemala”, publicado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya planteaba algo de esto en 2015. “Las redes políticas que se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales son el elemento constitutivo y, en buena medida, explicativo del sistema político guatemalteco: permiten articular la política local con la nacional, son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política y, a la larga, han posibilitado la continuidad del sistema. Estas estructuras, lideradas por lo que la prensa ha denominado como «señores feudales» o «caciques», configuran redes político-económicas ilícitas (RPEI) de carácter regional”, reseña el documento.

Así, los gobiernos locales, presididos por los alcaldes, tienen un espacio de poder que puede prestarse al mal manejo de la función pública, como el mismo Ministerio Público (MP) ha dado a conocer con varios casos en 2017: la CICIG y el MP acusaron a administraciones municipales del occidente de haber adjudicado obras de forma amañada, entre los años 2008 y 2009.

El actuar de los alcaldes ha sido poco examinado. En 2014, la última vez que la Secretaría de Planificación evaluó a todas las municipalidades, encontró que su acercamiento a la población, transparencia y comunicación pública merecía en promedio 38 puntos de 100 en este indicador.

Es posible tener una mejor idea de los intereses de los alcaldes, para que rindan cuentas sobre su actuar, al conocer el registro de las empresas (Guatecompras) y bienes (DICABI) que tienen a su nombre. Con el récord de su actividad criminal (Organismo Judicial) y los procesos judiciales en los que se han visto involucrados. Conociendo sus vínculos familiares (RENAP) y las sociedades anónimas de las que forman parte (Registro Mercantil).

Laberinto del Poder también permite consultar las actualizaciones de las administraciones municipales. Desde 2016, 13 alcaldes ya no están al frente de las comunas para las que fueron electos. Los motivos van desde haber sido desinscritos por el TSE, hasta haber sido asesinados, haber fallecido en accidentes de tránsito y un condenado por secuestro. Cuatro de esos trece cambios están en el departamento de Zacapa.

Los alcaldes que fueron (y siguen siendo) contratistas del Estado

Las empresas del actual alcalde de Huehuetenango, Gerónimo Martínez Gómez, se han hecho con 99,4 millones de quetzales en contratos públicos, desde el 2004 hasta el 2015. Es el alcalde que más ha facturado al Estado a través de sus compañías, la Constructora Martínez y la Ferretería La Misma.

No en vano, en octubre recién pasado el MP presentó una solicitud de antejuicio contra Martínez Gómez, precisamente, en los casos por supuesta corrupción a nivel local.

Que los alcaldes sean contratistas del Estado es un problema. Según el Código Municipal, está prohibido que alguien que tenga parte en concesiones y contratos públicos sea alcalde. Es por eso que en febrero de 2016 la Contraloría señaló ante el Tribunal Supremo Electoral a 21 alcaldes electos que eran contratistas en el momento en que se realizó la convocatoria a elecciones.

La prohibición no es del todo clara ya que la Ley de Contrataciones explica que ningún servidor o trabajador del Estado puede ser contratista de la dependencia en la que presta sus servicios.

El 15 de marzo del 2016, el TSE anuló la inscripción de 11 alcaldes contratistas alegando fraude de ley. Sin embargo, en noviembre recién pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) benefició a 5 alcaldes y ordenó que se mantuvieran en sus puestos, bajo el argumento que el TSE se “extralimitó” en sus funciones. El argumento del TSE para anular algunas de las inscripciones fue que algunos de estos alcaldes proveyeron servicios al Estado luego que ya habían sido electos para el cargo.

En Laberinto del poder puedes buscar entre al menos 2,885 contratos de 230 alcaldes, obtenidos como personas individuales. Estos datos se basan en las adjudicaciones que el Ministerio de Finanzas publica en Guatecompras.

En el currículum de los jefes ediles también hay delitos y juicios

En esta herramienta te presentamos información de 44 alcaldes que fueron parte de un proceso judicial. De los 249 juicios registrados, en el 46% de los casos fueron asuntos tratados en tribunales contenciosos en materia tributaria; el 20% en juzgados civiles y el 12% de los casos llegaron al ramo penal.

La información se construyó con base al Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Organismo Judicial que, aunque no posee una actualización inmediata, provee información acerca de los procesos judiciales previos al 2009, llevados en todos los órganos jurisdiccionales que se ubican dentro de la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala.

Pese a que la información no esté aún disponible, en Laberinto del Poder presentamos, además, todos los alcaldes vigentes que han sido procesados judicialmente: 26 en total. Uno de los casos más recientes es el antejuicio solicitado contra el alcalde de Patulul (Suchitepequez), Edgar García Monroy, por el delito de tortura, luego que se filtrara un video en el que supuestamente participaba, junto a otros cuatro hombres que ya fueron arrestados, en la agresión contra un joven discapacitado. Otros 13 alcaldes, hasta el momento, únicamente han sido señalados de la supuesta comisión de delitos o negligencias. Tal es el caso, por ejemplo, de José Chivalán Quinilla, edil de Patzité (Quiché), quien fue señalado de tener una conexión de electricidad irregular en su hogar.

La gestión municipal: cuatro años para hacerse con más casas, terrenos y bienes

Adolfo Vivar Marroquín fue alcalde de Antigua Guatemala entre el 2008 y el 2012. En 2016 fue llevado a juicio porque aprovechó su cargo para adjudicar proyectos, comprarle materiales y contratar los servicios de una red de empresas administradas por su cuñado, Leonel Rodrigo Amado Molina. Para concretar dicho negocio, acordaron pagos entre Q7 mil y Q10 mil mensuales.

El exalcalde de Antigua también se apropió de fondos a través de empresas familiares. Al menos cuatro empresas vinculadas a familiares de él y de otros miembros de su Concejo Municipal tuvieron contratos que sumaron los Q3,2 millones entre 2010 y 2012.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Vivar recibió depósitos de hasta Q1 millón 153 mil en su cuenta bancaria mientras era alcalde. En 2016 fue juzgado y sentenciado por cohecho activo y peculado. El juzgado de Extinción de Dominio consideró que seis de sus propiedades fueron adquiridas con dinero obtenido de manera ilícita, por lo que pasaron a ser propiedad del Estado.

Sus propiedades, todas en Antigua Guatemala, fueron valoradas en más de Q4 millones. La Fiscalía de Lavado de Dinero presentó pruebas y testimonios que probaron que los pagos se hicieron a través de una cuenta monetaria en la que le depositaron una serie de montos en efectivo sin justificación de origen. Los depósitos eran comisiones que el alcalde recibía, tanto por adjudicar proyectos a la red de empresas de su cuñado, como por comisión de supuestos trabajadores de la municipalidad.

La Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas contiene la información sobre los bienes inmuebles de los guatemaltecos, para propósitos fiscales y de registro.

Laberinto del poder te permite verificar el registro de 211 propiedades que en algún momento fueron de 90 alcaldes actuales. En el 93% de estas propiedades los jefes ediles figuran como dueños únicos y en el 7% restante comparten la titularidad.

En la municipalidad todo cabe: La familia, los favores y el nepotismo

El exalcalde de Antigua no sólo acumuló bienes, sino que con la ayuda de su esposa y su suegra participó en la estafa por más de 23 millones de quetzales a la comuna que dirigía, en 2012. En algún momento del proceso judicial en su contra, su hija, Diana Vivar fungió como su mandataria legal.

Esta red de corrupción operó a través de la constructora de su esposa, Sandra Amado Molina, y la empresa de banquetes de su suegra, Aura Molina Rogel. Utilizaron una sociedad anónima en la que participaba la cuñada del jefe edil, Ana Coloma Gaitán, otra constructora “SAAM” en honor a las siglas de su esposa y cuya dirección falsa correspondía a los terrenos a la par de la casa en la que Vivar y su familia vivían. El cuñado, Leonel Amado Molina, participó en las transacciones ilícitas. Y así, una red compleja de empresas, sociedades anónimas y supuestas coincidencias familiares fue utilizada para pagar contratos con la municipalidad que solo eran una fachada para mover dinero.

En esta herramienta presentamos parte del árbol familiar de los 340 alcaldes de Guatemala que te permite identificar su madre, padre, estado civil y cónyuges. Esta información se recolectó a través de los certificados extendidos por el Registro Nacional de Personas (RENAP).

Los negocios escondidos a través de sociedades anónimas

Antes de llegar al Congreso, el hoy diputado de Suchitepéquez, Julio Juárez Ramírez, fue alcalde de Santo Tomás La Unión. Y antes de eso, era uno de los proveedores que más contrataban las municipalidades de Suchitepéquez.

Entre 2005 y 2015 Julio Juárez obtuvo más de Q111,9 millones en contratos y compras a través de las cinco empresas a su nombre. Todo esto es visible en Guatecompras. Cuando llegó a la alcaldía, en 2011, sus empresas dejaron de ser contratadas debido a que está prohibido por ley. Sin embargo, el Grupo Corporativo del Sur, una sociedad anónima de la cual Juárez es el único administrador y representante legal, continuó siendo contratado. Durante los cuatro años que Juárez estuvo al frente de la comuna de Santo Tomás La Unión, esta sociedad obtuvo 48 compras por Q1,166,000.

Aunque en teoría Juárez dejó de recibir más contratos del Estado —sus empresas no mostraron movimientos durante su gestión municipal— la sociedad anónima en la que él es el único beneficiario continuó siendo contratista. Juárez asegura que él se desvinculó de esta sociedad años atrás, pero los datos del Registro Mercantil lo niegan. Que los funcionarios usen sociedades anónimas para actos de corrupción o para esconder sus capitales es una práctica común. Juárez, quien en los últimos años se desempeñó como diputado con el partido oficialista FCN-Nación, está actualmente procesado por el crimen de los periodistas Danilo López (corresponsal de Prensa Libre) y Federico Salazar (periodista de Radio Nuevo Mundo), ocurrido en 2015.

En Laberinto del Poder pueden consultarse todos los nombramientos de 40 alcaldes que participan en al menos 79 sociedades anónimas. La información se obtuvo a través de consulta personal de pago en el Registro Mercantil, ente en el cual se certifican todos los actos mercantiles que realizan personas individuales o jurídicas. Allí se inscriben todas las sociedades nacionales y extranjeras, nombrando a sus respectivos representantes legales; las empresas mercantiles, los comerciantes individuales y todas las modificaciones que de estas entidades hagan en su constitución.

 

 

 

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